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(Noticiascadadía).- La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante de 240.000 millones de euros. Las dos grandes bolsas de fraude existentes en nuestro país son las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).

Distintos estudios de varios organismos tales como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea sitúan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media de nuestro entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación.

Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar cerca de 90.000 millones de euros y recaudar -vía impuestos- unos 25.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades.