España 24.06.2009Imprimir

Niños "Robados"

178 niños "robados" en un año por un padre extranjero

178 el número de menores sustraídos por uno de sus progenitores tras un divorcio o separación, según datos de 2006

Los casos de niños a los que uno de sus padres se lleva ilegalmente al extranjero tras una separación han crecido de forma "impresionante" en España, hasta alcanzar los 178 al año, según un informe del Colegio de Abogados de Barcelona, que lo atribuye a la globalización y al auge de matrimonios mixtos.

El Informe de la Justicia que el Colegio de Abogados de Barcelona prepara anualmente, y que todavía se está elaborando, dedica este año su especial monográfico a la situación de la infancia en Cataluña, que alerta del exponencial aumento de los casos de sustracción internacional de menores.

Los últimos datos de que dispone el Ministerio de Justicia, y que reproduce el Colegio de Abogados en su informe, son del año 2006 y cifran en 178 el número de menores sustraídos por uno de sus progenitores tras un divorcio o separación.

De esos casos registrados, 59 corresponden a niños -o en algunos casos varios hermanos- a los que o el padre o la madre se llevó al extranjero sin consentimiento del otro progenitor residente en España, por lo que el Ministerio de Justicia los reclamó a otro país para que la justicia española decidiera sobre su guarda y custodia, tal como establece el Convenio de La Haya.

Durante 2008, añade el informe del ICAB, se ha invertido la tendencia de los anteriores años y se ha registrado un incremento "espectacular" de los casos en que España es el país que reclama a un niño llevado al extranjero de forma ilegal.

En la mayoría de ocasiones, los países a los que España reclama por sustracciones internacionales de niños son sudamericanos, aunque últimamente, según el informe, han crecido más los casos de requerimientos al resto de Europa.

El grueso de los casos de sustracciones internacionales de niños denunciadas en España se concentra en el litoral mediterráneo, las Islas Canarias y Baleares, además de las grandes urbes: Madrid y Barcelona.

Los datos de que disponen las autoridades españolas sobre sustracciones de menores no permiten determinar con claridad el incremento porcentual de los casos y por ese motivo el Colegio de Abogados de Barcelona exige cifras fiables y actualizadas que permitan averiguar cuál ha sido el resultado de las reclamaciones internacionales.

No obstante, las estadísticas permiten constatar el crecimiento registrado en los últimos años y, según el ICAB, sitúan a España como un país con "bastantes problemas" de sustracciones internacionales de menores debido a la globalización.

Según esos datos, entre los años 1987 y 1994 se registraron en España 266 casos de sustracciones -en 201 de ellos España era el país reclamante-, entre el 2000 y 2002 se contabilizaron 258 (en 148 España era la autoridad que hacía el requerimiento) y en 2003 un total de 170.

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Frente a ese incremento de demandas por sustracciones de menores, el Colegio de Abogados ha advertido de la falta de especialización y formación entre los profesionales de los juzgados de familia o primera instancia, así como entre los propios letrados.

Además, alerta de que la inexistencia de una base de datos a nivel estatal, que por ejemplo centralice a todos los niños escolarizados, impide en mucha ocasiones localizar a los menores que han sido reclamados a España desde otros países.

El Ministerio de Justicia, que es el competente para intervenir en estos casos en España, también carece de medios para desempeñar adecuadamente su función de reclamación internacional, según el ICAB, ya que no dispone de facultades para localizar a los menores mediante la consulta de archivos. <---newpage--->

Por este motivo, el Colegio de Abogados ha reclamado un marco normativo que establezca la obligación de los ayuntamientos, las autoridades educativas y la policía de colaborar con el Ministerio de Justicia en las reclamaciones de menores sustraídos.

El Convenio Internacional de La Haya, firmado por 180 países, entre ellos España, obliga a retornar el menor sustraído ilegalmente al lugar de origen para que sean los tribunales de ese país los que decidan sobre el asunto.

 

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