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España 08.03.2010Imprimir

Fraude

Cada año se le escapa a la Agencia Tributaria el 92% del fraude

Gestha considera que el Plan Antifraude es poco ambicioso

Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estiman que el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tendrá un alcance muy limitado sobre la economía sumergida, por considerar que no desplazará la lupa de la investigación hacia las principales bolsas de fraude como son las grandes corporaciones, sociedades instrumentales, cuentas depositadas en paraísos fiscales o la elusión de las grandes fortunas, sino que intensificará el control sobre autónomos, pymes y trabajadores.

Gestha estima que este nuevo plan supone un pequeño paso adelante porque el Gobierno exigirá a la AEAT un aumento trienal de un 6% en los objetivos de recaudación por fraude, el doble del objetivo del 3% que este organismo se había fijado inicialmente, conscientes de que es necesario mejorar la actual tasa de cobro del 13% de las deudas liquidadas en la lucha contra el fraude.

Este colectivo lamentó que el Gobierno no haya aprobado medidas realmente eficaces que terminen con la consideración de España como "balneario fiscal" , ocupando el segundo lugar del ranking de economías sumergidas de Europa, por detrás de Grecia. En los últimos cinco años, la Agencia Tributaria recaudó sólo 35.000 millones de euros provenientes de la economía sumergida por actuaciones directas e indirectas, lo que supone que el 92% del fraude escapa del control del Fisco.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda señalaron que el objetivo del Gobierno de aumentar los ingresos derivados de la lucha contra el fraude en 1.000 millones en estos tres próximos años es "muy poco ambicioso", frente al objetivo de los Técnicos de recaudar 6.500 millones adicionales solo en este año 2010, siempre y cuando se les autorice a extender sus investigaciones a las grandes empresas más allá de pymes y autónomos.

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, actualmente estimada en el 23,3% del PIB, situándola en la media de la Unión Europea. De este modo, a medio plazo la Agencia Tributaria podría ingresar adicionalmente unos 38.500 millones de euros evadidos cada año, que equilibrarían las cuentas públicas y evitarían la alternativa de subir impuestos o alargar la edad de jubilación. En la actualidad, la economía sumergida supera los 245.000 millones de euros.

La cara y la cruz de estas medidas

Del conjunto de medidas aprobadas hoy, los Técnicos de Hacienda valoraron, por encima de todas, la colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, así como la creación de bases de datos compartidas entre los distintos organismos, ya que permitirá obtener mayor rendimiento de esta información y realizar acciones de control conjuntas.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "parece increíble que hayan tenido que pasar 18 años desde la creación de la AEAT, para que finalmente se comparta con otro Ministerio la información de las empresas. Sin duda se trata de un primer paso para acabar con el concepto patrimonial de la información que caracteriza a nuestras Administraciones Públicas".

Sin embargo, este colectivo estima que las medidas adoptadas en materia de coordinación administrativa son todavía "poco ambiciosas" ya que el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos deberían compartir su información tributaria, así como llegar a acuerdos de colaboración entre las distintas agencias estatal, autonómicas y locales, estableciendo el consorcio del IRPF en este año 2010.

Con respecto a la puesta en marcha de un foro con las grandes empresas para resolver dudas  interpretativas, Gestha considera que no va a reducir la economía sumergida, aunque reconocen que es un buen instrumento para reducir la elevada litigiosidad de la AEAT, y proponen que se de cabida a representantes de las pymes y autónomos.

 

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