Internacional 14.10.2007Imprimir

La libertad de prensa está en riesgo ante el aumento del poder político de Chávez

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó hoy que la libertad de prensa en Latinoamérica está en riesgo por la supuesta influencia del Gobierno de Venezuela, que intenta exportar un modelo "semejante a la dictadura cubana"

(Noticiascadadía/Agencias).- La 63 Asamblea General de la SIP comenzó hoy a debatir país por país la situación de la libertad de prensa en las Américas con especial énfasis en Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina.

La libertad de prensa está en riesgo ante el aumento del poder político de Chávez

El informe sobre las amenazas a la libertad de expresión en Venezuela centró la mayor parte del debate, así como la extensión a otros países, como Ecuador, Nicaragua y Bolivia, del modelo del régimen del presidente Hugo Chávez.

El director del diario "Correo del Caroní", David Natera, señaló en el informe que la vigencia de la libertad de expresión e información representan derechos constitucionales y valores democráticos que el régimen de Chávez "intenta suprimir definitivamente".

"El régimen dictatorial de Chávez se empeña en consolidar su proyecto con acciones sistemáticas para el control social asignando la mayor importancia a la hegemonía sobre los medios de comunicación", señaló el informe.

La pretensión del régimen de Chávez es, afirma el informe, "uniformar el contenido, los mensajes, deformar los valores y principios de la democracia y la pluralidad, tratando de desconectar al pueblo de la realidad nacional y universal e imponer un dominio intelectual y político semejante a la dictadura cubana".

En el debate en la asamblea de la SIP, Miguel Otero, director del diario El Nacional, destacó que lo más preocupante es el efecto que tendrá la reforma constitucional "porque cambiará las bases de la sociedad venezolana".

"Es una reforma constitucional que amenaza directamente a la propiedad privada y permite el control de los medios de comunicación con lo que se eliminará la prensa libre", señaló Otero.

Marcel Granier, presidente de Radio Caracas Televisión, subrayó el "lenguaje de odio y el mensaje de exclusión que emana del gobierno de Venezuela que está contagiando a algunos países latinoamericanos".

Granier solicitó el apoyo de la SIP contra los atropellos a la libertad de expresión y criticó la falta de solidaridad de algunos medios que "todavía no se han enterado que después de 53 años RCTV ya no emite".

Sobre el caso de Colombia, el vicepresidente de El Tiempo de Bogotá, Enrique Santos, criticó las descalificaciones y ataques verbales del presidente colombiano, Álvaro Uribe, contra periodistas como el corresponsal de El Nuevo Herald en Miami, Gonzalo Guillén.

Uribe calificó a Gonzalo Guillén como "calumniador profesional", según Santos, lo que constituye una amenaza para la seguridad de los periodistas.

El director de El Nuevo Herald, Humberto Castelló, afirmó que los calificativos de Uribe contra Guillén fueron una "irresponsabilidad" que obligaron al periodista a salir del país y refugiarse en Perú.

El informe sobre Ecuador criticó la "actitud hostil" del presidente Rafael Correa hacia los medios de comunicación.

"En este periodo el presidente mantuvo por lo general una actitud hostil hacia la prensa. Las situaciones más problemáticas fueron el juicio al director del diario La Hora y la propuesta ley para prohibir la difusión de ciertos tipos de vídeos", señala el documento.

En el informe preliminar presentado en la SIP se menciona asimismo que Correa ha tachado a los medios ecuatorianos de "corruptos", "mentirosos", "mediocres", "mafia", "bestias salvajes", "incompetentes", "difamadores" y "pornografía periodística", entre otros epítetos.

El informe sobre Argentina sostiene que la libertad de prensa está erosionada por la "obsesión" del gobierno de conseguir la uniformidad del pensamiento y su "intolerancia" al pluralismo de ideas.

En el documento sobre Argentina se denuncia también que los medios argentinos no tienen acceso a la información pública debido a que los funcionarios evitan dar conferencias de prensa o hablar directamente con los periodistas. <---newpage--->

 

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