6 detenidos en Barcelona en investigación sobre abortos ilegales

(Noticiascadadía).- "Ahora analizaremos todo el material incautado y continuaremos investigando, pero por hoy concluyó el operativo", añadió el portavoz.

A partir de las 09H30 del lunes, agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Urbana iniciaron una serie de registros en las sedes de los centros clínicos TBC, Emecé, Ginemedex y Fundación Morín, situadas en un elegante barrio de Barcelona.

El responsable de tres de los centros citados es un médico de origen peruano, identificado como Carlos Morín, sobre quien pesaba una orden judicial de detención.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) explicó en un comunicado que la investigación criminal se inició por hechos considerados "graves", como la "práctica reiterada" de interrupciones voluntarias de embarazo "radicalmente fuera" de los supuestos permitidos por ley española.

La expectación informativa que desató la operación obligó a la Fiscalía y al TSJC a aclarar que se está actuando "con la debida independencia e imparcialidad en defensa de la legalidad vigente".

Asimismo, aseguraron que la investigación "no entra en ninguna de las consideraciones de tipo ideológico que diferentes sectores sociales pueden intentar asociar a este tipo de hechos".

De esa forma, hacía referencia a que en julio un juzgado barcelonés aceptó a trámite una querella presentada hace más de un año contra Morín por la organización cristiana e-Cristians.

Algunas de la mujeres a las que se les practicó el aborto llevaban más de 35 semanas de embarazo, un plazo muy por encima de los límites fijados por la ley para practicar un aborto, según fuentes próximas a la investigación.

Fuentes policiales dijeron haber investigado que estas clínicas cobraban entre 3.000 y 6.000 euros por operación y que muchas mujeres provenían de otros lugares de España y del extranjero.

Las investigaciones comenzaron a finales de 2006, cuando un documental de la televisión danesa mostró que era posible abortar en una clínica de Barcelona aún con un embarazo avanzado.

Una pareja que supuestamente pretendía abortar superadas las 31 semanas de embarazo entró en la clínica con una cámara oculta, mostró las prácticas ilegales que se realizaban en la misma y las difundió en la televisión danesa.

A partir de ese documental, la Conselleria de Salud del Gobierno catalán sancionó con multas de 3.000 euros por faltas administrativas a las clínicas investigadas por practicar abortos ilegales, informó el lunes ese departamento.

La instrucción de los expedientes evidenció algunas "irregularidades administrativas", pero "en ningún caso, se pudieron comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas" por la televisión danesa, añadió ese servicio.

El aborto está autorizado en España desde 1985 solamente en casos específicos como violaciones, malformaciones de feto o peligro para la salud mental o física de la madre.

El código penal castiga de uno a tres años de prisión e inhabilitaciones de ejercer a ciertos profesionales sanitarios que practiquen un aborto a una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos previstos por la ley.

Además, se prevén penas de seis meses a un año de prisión para las mujeres que aborten ilegalmente.