España ha recurrido la decisión de la Comisión Europea de multar a Telefónica con 151,8 millones de euros

(Noticiascadadía/Agencias).- El recurso se explica por "la defensa de las competencias del Estado español en materia de regulación de las telecomunicaciones y de su organismo supervisor, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)", explicó el ministerio de Industria en un comunicado.

"Hacemos una apelación a la Comisión Europea, no porque sea Telefónica, sino porque la resolución que tomó la Comisión entendemos que deja algunas lagunas sobre la seguridad jurídica de la actuación de la Comisión Nacional del mercado de las Telecomunicaciones en España", explicó el ministro español de Industria Comercio y Turismo, Joan Clos, durante una visita a Brasil.

Para el Gobierno español, la decisión sobre ese tema debía ser del regulador español, y no de la Comisión Europea, declaró el ministro a periodistas.

"Nuestro interés no está referido en concreto al caso particular de Telefónica (que no evaluó), sino que tiene que ver con un conflicto de competencias entre la Comisión y nuestro regulador nacional, para dejar claramente establecidas las competencias jurídicas de cada organismo", completó.

Según el ministerio de Industria en un comunicado, la CMT ya supervisó la "supuesta actuación anticompetitiva de Telefónica" y estimó "que no restringía la competencia".

Bruselas impuso en julio una multa récord de 151,8 millones de euros al gigante de las telecomunicaciones español, por abuso de posición dominante en la transmisión de datos a alta velocidad.

Esta multa, la segunda más grande impuesta por Bruselas por abuso de posición dominante, es 10 veces superior a las sanciones infligidas hasta ahora a Wanadoo, filial de internet de France Telecom (10,3 millones de euros) y al alemán Deutsche Telekom (12,6 millones de euros), por las mismas razones.

Telefónica también recurrió la decisión de la Comisión Europea.

Los enfrentamientos entre España y la Comisión Europea han aumentado en los últimos meses, después de que Bruselas acusó a Madrid de intervencionismo en el caso de la fusión del grupo energético Endesa y llevó a cabo una investigación contra un dispositivo fiscal español para ayudar a las empresas que compran sociedades en el extranjero.