Justicia y los sindicatos acuerdan poner fin a la huelga

(Noticiascadadía/Agencias).- CCOO y UGT, que suman la mayoría de los funcionarios afiliados, firmaron el acuerdo el domingo por la tarde, según informó el Ministerio de Justicia. Mientras, CSI-CSIF y STAJ se mostraron a favor pero estaban comprometidos a someterlo a la consulta de sus bases antes de firmarlo.

El acuerdo llegó tras un largo fin de semana de negociación - 14 horas duró la reunión del sábado - centrado en el incremento salarial y en la recuperación de horas de los funcionarios para desatascar los juzgados tras la prolongada huelga.

Desde CCOO, el lunes se responsabilizó al Ministerio de Justicia por la tardanza en conseguir un acuerdo.

"Yo creo que ha habido errores fundamentales por parte del ministerio. Ha habido una serie de negociaciones que no se han desatascado hasta esta larga negociación de la noche del sábado al domingo. Ahí se mostró por parte del Gobierno una clara intención de llegar a un acuerdo, y la prueba es el acuerdo que hemos obtenido", dijo Miguel Segarra, secretario general de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO en declaraciones a RNE.

Según el comunicado difundido por Justicia, se ha propuesto un incremento salarial de 160 euros con efectos a 1 de enero de 2008 y 30 más a partir de julio de 2009 hasta alcanzar los 190 euros.

En el acta firmada entre el ministerio y los sindicatos se recoge también la implantación de una nueva Oficina judicial que actúe con más rapidez y eficacia y métodos más modernos, así como la creación de una Comisión de Seguimiento para evaluar el cumplimiento de los compromisos.

"Nuestro interés no era meramente económico, era una llamada, era un SOS a los ciudadanos, a la opinión pública (...) para que se ponga en orden la administración de justicia y al día", declaró Juan Antonio Martín, secretario general de CESIF Justicia.

La huelga ha paralizado trámites ordinarios como registros de nacimiento, bodas o defunciones, así como numerosos trámites administrativos, como la concesión de ayudas de maternidad o paternidad.

Estaban llamados al paro unos 9.500 trabajadores de siete comunidades - Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias -, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.