Las administraciones españolas no han sido capaces de defender a un sector estratégico como el agrario

(Noticiascadadía).- La exigencia de India y China de garantizar mayor protección para sus agricultores frente a la posible caída de precios o a las importaciones masivas de productos agrarios y la negativa de los países en desarrollo a reducir los aranceles de entrada a los bienes industriales ha provocado la ruptura de las negociaciones que los representantes de comercio de los países y bloques que integran la Organización Mundial de Comercio desarrollaban desde el pasado 21 de julio en Ginebra para avanzar en el proceso de liberalización mundial.  

Pese a la falta de acuerdo en la OMC el mercado mundial disfruta de una salud envidiable y el intercambio de productos, mercancías y servicios es tan alto que en estos momentos no hay buques suficientes para satisfacer la demanda. Por otra parte, proliferan los acuerdos bilaterales, de contenido más claro y más preciso y mucho más fáciles de alcanzar, por lo que en estos momentos debe cuestionarse la existencia misma de la OMC y su interés en plantear un liberalismo a ultranza que a nadie beneficia.  

En este contexto sorprende comprobar la pasividad de las administraciones españolas en este asunto, ya que el Gobierno de España ha acudido a Ginebra en una actitud de rendición previa, en ningún momento ha intentado evitar un mal acuerdo y ha ofrecido en bandeja y a cambio de nada el plátano de Canarias y las producciones españolas de más calidad, incluyendo las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. El mal acuerdo no se ha evitado tampoco por la fortaleza de la UE, cuyos negociadores han manifestado reiteradamente su disposición a ofrecer mayores concesiones, sacrificando a sus agricultores para favorecer los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias de los países exportadores.  

De haberse alcanzado un acuerdo en los términos en que estaba planteado los agricultores europeos hubieran perdido 30.000 millones de euros y sectores como el azúcar, el arroz, las frutas y hortalizas, las carnes de vacuno, ovino y porcino se hubieran llevado un golpe mortal.  

El acuerdo suponía la desaparición de muchos de estos sectores y el sacrificio de una cuarta parte de la renta agraria, con graves repercusiones sobre el empleo y la sostenibilidad de las explotaciones y sobre la garantía y la seguridad alimentaria de la que gozan los consumidores europeos, que hubieran quedado en manos de las multinacionales agroalimentarias del reducido grupo de países exportadores, únicos beneficiarios del acuerdo.  

Por tanto, ni los ciudadanos europeos ni los agricultores de los países en vías de desarrollo se verían beneficiados de un acuerdo desequilibrado e injusto, lo que propició que en las primeras jornadas de esta negociación los agricultores de todos los países Desarrollados, Emergentes y en Desarrollo, firmaran una Declaración Conjunta reclamando unas normas de comercio justas que garanticen el derecho de cada país a producir alimentos para su propia población, teniendo en cuenta una reglas de comercio equitativas y equilibradas, y recordando que el papel de la OMC en la denominada Ronda del Desarrollo es el de propiciar precisamente eso, el desarrollo de la agricultura en todo el mundo y no su destrucción en beneficio de unos pocos, máxime en estos momentos de escasez de productos alimenticios a nivel mundial, en donde la inversión en la agricultura se revela como elemento estratégico de primer orden.  

Desde ASAJA nos felicitamos de la actitud responsable de los agricultores y de aquellos gobiernos que mantienen su apuesta por el sector agrario como sector estratégico, y lamentamos el “entreguismo” y la falta de amplitud de miras con las que el Gobierno de España y la UE han acudido a estas negociaciones, más preocupados por no recibir las críticas de la opinión pública mundial que por defender a aquellos sectores sensibles como la agricultura que, en la coyuntura actual de carestía alimentaria, es más necesaria que nunca.