Una negligencia de Garzón deja en libertad a dos narcos turcos
Recién llegado de Colombia su apretada agenda llevó a que la comparecencia no se celebrara según informa el diario El Mundo
(Noticiascadadía).- El diario El Mundo ha evidenciado hoy que Baltasar Garzón y sus múltiples ocupaciones pueden tener desastrosas consecuencias para la seguridad en España.
Dos presuntos narcotraficantes turcos, Sahin Eren y Erden Vardar, implicados en una organización internacional que en 2006 intentó introducir en España 43 kilos de heroína, fueron excarcelados el pasado 16 de julio por el juez Baltasar Garzón al haber sobrepasado el plazo de dos años para acordar la prórroga de la prisión provisional, que había sido solicitada por la Fiscalía con medio mes de anticipación.
El 27 de junio, informa El Mundo, la Fiscalía le advirtió que debía prorrogar la prisión provisional de los turcos Sahin Eren y Erden Vardar, detenidos dos años antes en la segunda mayor operación en España contra el tráfico de heroína
La comparecencia para decidir la ampliación de la prisión preventiva, medida que podía haber durado hasta 2010, fue celebrada por Garzón dos días después de la fecha en la que terminaba el plazo legal, lo que determinó la inmediata puesta en libertad de los procesados.
Como el juez acababa de llegar de Colombia, donde había participado en el seminario 'Sin rastro', y su apretada agenda incluía un encuentro hispano-francés, la vistilla no pudo ser fijada hasta el 14 de julio.
Ese día, Garzón decretó la prórroga alegando que si quedaban libres huirían y cometerían más delitos, pero 48 horas después tuvo que dictar su libertad al descubrir que el plazo había vencido el día 12 de julio.
Garzón, según El Mundo, se escuda en "un error en la carpetilla", pero el Supremo rechazó un recurso de Ruiz Polanco, apartado de la Audiencia por un caso similar, pues el juez debe comprobar esos datos "personalmente".
El Supremo ha establecido que el control de las medidas cautelares de privación de libertad es "un importantísimo deber del juez" que se traduce en la "exigencia" de que él "examine personalmente las actuaciones", una función que, según la doctrina del Alto Tribunal, "no admite delegación" en los funcionarios, caba la información del diario El Mundo.













